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miércoles, 2 de mayo de 2012

Continua el circo politico en Miami

El gobernador de Florida aprueba una ley contra Cuba que no puede aplicar

Scott firma entre aplausos la ley. | AfpScott firma entre aplausos la ley. | Afp

Rui Ferreira | Miami
Actualizado martes 01/05/2012 18:51 horas

En un gesto político inédito, el gobernador de Florida, Rick Scott, se mofó abiertamente de la comunidad cubana exiliada, al firmar una ley que limita el comercio del estado con Cuba y Siria, y una hora después envió una carta a Washington diciendo que la ley no se puede aplicar.
Según la ley, a partir del 1 de julio toda empresa que tenga negocios con Cuba y Siria queda imposibilitada de firmar contratos superiores a 1 millón de dólares con los gobiernos locales en Florida, una medida que afecta a una panoplia de sociedades internacionales que van desde constructoras hasta aerolíneas.
El martes, rodeado de la crema y la nata del anticastrismo local y un par de desconocidos opositores sirios, Scott dijo que si bien "quiero más empleos, los principios son importantes" y "esta ley recuerda (a los empresarios) que hay que decidir si se está a favor de una dictadura o de la libertad".
Fue una ceremonia florida, donde Scott abrazó a ex presos cubanos, estrechó las manos de políticos y empresarios, se fotografió con los activistas exiliados, les dijo a todos que pronto "acabará el régimen comunista" y hubo muchos "abajo los Castro".

Imposible puesta en marcha de la ley

Pero lo que Scott no les dijo, ni siquiera lo dio a entender, es que de momento esta ley, celebrada por todo lo alto, no se puede aplicar sin el consentimiento del Congreso federal y el presidente Barack Obama, que los exiliados tanto odian.
Primero, el Congreso debe autorizar expresamente que estados como Florida puedan restringir el comercio con Cuba y Siria, después Obama tiene que firmar esa autorización, porque hay un conflicto entre las leyes federales y la que fue promulgada.
"Precisamente porque puede existir un conflicto como este, no la podemos poner en efecto sin que el Congreso apruebe y el presidente (Barack) Obama firme una ley que autorice a los estados imponer sanciones independientes, como estas contra Siria y Cuba", escribió Scott en una carta, revelada por su oficina una hora después de terminada la ceremonia.
"Por ello, hago un llamado al presidente Obama a que promueva una legislación federal que permita a Florida ir más allá de las regulaciones federales. Los regimenes cubano y sirio no son mejores que Irán o Sudán, y el gobierno federal debe permitir a los gobiernos estatales que impongan las mismas sanciones a este tipo de dictaduras", agregó el gobernador.
Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador "no sintió ni una sola palabra de lo que dijo. Una hora después de mofarse de la comunidad, publicó una carta intentando colocar un freno a la aplicación de la ley, diciendo que hace falta una aprobación federal", dijo Mauricio Claver Carone, director de un blog con sede en Washington, vinculado a los grupo de presión de los exiliados cubanos.
"El hecho es que el congreso ya ha aprobado una serie de sanciones hacia Cuba y Siria, por lo tanto esta ley (estatal) es consistente con la federal”, escribió Claver en una correo electrónico enviado a varios medios.
Durante la ceremonia, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen refirió enigmáticamente a ELMUNDO.es que "esperemos que el presidente Obama apruebe esto", pero enfatizó que la nueva ley estatal es "perfectamente legal" y "quien no le guste que vaya a los tribunales".
La ley fue promovida hace dos meses en la legislatura estatal por la totalidad de los congresistas y senadores cubanoamericanos de Florida, después que se supo que la constructora brasileña Odebrecht se encuentra trabajando en la remodelación del puerto de Mariel, en la costa norte de Cuba.

Cambio en las reglas de licitación

En Miami se encuentra la sede de Odebrecht USA, la filial de la empresa brasileña, que ha sido responsable por la mayoría de las grandes obras municipales promovidas por el condado Miami-Dade, como son los dos terminales del aeropuerto de la ciudad, dos estadios, un gigantesco centro de artes musicales y un pabellón deportivo, todo valorado en casi 2.000 millones de dólares. Actualmente, la firma brasileña está pujando por otro contrato de 70 millones, para la construcción de un hotel y un centro de convenciones dentro del aeropuerto, que es propiedad municipal.
Pero, como la ley no menciona a ninguna empresa en particular, termina por afectar a todas las que, en un mundo globalizado, tienen presencia tanto en el sur de Florida como en Cuba. Aunque los promotores del proyecto, como el concejal municipal del condado, Odebrecht USA, apuntan que la ley no es retroactiva, su promulgación por Scott puede perjudicar mucho a las empresas extranjeras que se quieran postular a las obras públicas o han hecho ya inversiones a la espera de las licitaciones.
"Vamos a cambiar la reglas de las licitaciones. Probablemente habrá un requisito que será que ninguna empresa que tenga negocios en Cuba pueda trabajar con la ciudad", dijo a ELMUNDO.es el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. El edil recordó que "no se prohíbe que esas empresas inviertan aquí. Si lo quieren hacer no podemos impedirlo. Pero no harán negocios con nosotros. En eso (Miami) será como un ‘conejillo de indias’".
"Queremos ser los primeros en aplicar esto", enfatizó Regalado durante la ceremonia. Tras hacerse pública la carta de Scott al Congreso federal, no fue posible localizar al alcalde para que comentara.

Empresas españolas afectadas

Además de la firma brasileña, en Florida operan una serie de empresas españolas, canadiense, francesas o mexicanas, ligadas a la construcción, servicios o industriales, que poseen importantes contratos con los sistemas escolares, sea para construir o remodelar escuelas y planteles, prestar servicios como recogida de basura o manutención del servicio eléctrico.
El aeropuerto de Miami, recibe diariamente dos vuelos de Iberia y Air Europa, que tienen contratos con las autoridades locales para usar las instalaciones y ambas aerolíneas también vuelan a Cuba. "Esto son detalles que serán estudiados y definidos por los tribunales", apuntó a ELMUNDO.es, el concejal 'Pepe' Díaz, encargado de la supervisión del aeropuerto y el puerto de Miami y a quien también fue imposible localizar tras conocerse la carta de Scott.
En las últimas semanas, cuando se supo que el Congreso de Florida estaba dando los últimos detalles al proyecto, el embajador de Canadá en Estados Unidos manifestó su preocupación al Departamento de Estado. Un gestión que fue acompañada de otras parecidas por parte de la Cámara de Comercio de Florida y diplomáticos mexicanos.
Este martes, aunque la ceremonia de la firma de la ley, realizada en la histórica Torre de la Libertad donde hace 50 años arribaron los primeros refugiados cubanos, estuvo plagada de sonrisas y abrazos, muchos políticos y empresarios admitieron a ELMUNDO.es que es difícil aplicar una ley que limita las relaciones comerciales con los gobiernos municipales.
Una de la razones, que ahora hasta Scott reconoce, es que entra en un terreno que es coto de caza del Gobierno federal, la política exterior. Aunque el ex representante federal republicano, Lincoln Diaz-Balart, dijo a ELMUNDO.es que esta ley "enfatiza y complementa" el contenido de todos los mecanismos ya existentes del embargo estadounidense a la isla, lo cierto es que hace unos 10 años los concejales del condado Miami-Dade intentaron hacer lo mismo, pero el Tribunal Supremo de Florida anuló la decisión, precisamente con el argumento de que era un asunto de la incumbencia del Gobierno federal.
Nadie ha presentado una queja todavía ni ha acudido a los tribunales, pero Díaz-Balart precisó que una demanda así solo deberá ser introducida si "hay un daño probado". "Esto no es retroactivo. Cuando haya una nueva licitación y esa empresa cree que sufrió un daño al no recibir un contrato, puede ir ante un juez y presentar sus argumentos", dijo el ex congresista federal.
Pero los especialistas en negocios internacionales no lo tiene tan claro. "Esto levanta muchos problemas, como el de la privacidad. A las empresas no les gusta divulgar su portafolio de negocios, no tienen por demás porque hacerlo", comentó a ELMUNDO.es, el abogado Carlos Maria Almeida.
En su opinión, la promulgación de la ley estatal responde más a necesidades políticas en un año electoral. "Tanto demócratas como republicanos están a la caza de todo el voto hispano, esto encaja en eso", dijo. Hasta el diario 'El Nuevo Herald' parece admitir el detalle. Conocido por sus posturas próximas a los exiliados cubanos, en una nota no firmada al noticiar la firma de la ley, el rotativo dijo que "la firma de esta ley por parte de Scott es visto como un gesto de su parte para con los votantes cubanoamericanos mayores, un codiciado grupo electoral".
El rotativa insinúa que el Gobernador Scott hizo un favor político para frenar el impacto negativo que tuvo su veto a otra ley que los exiliados querían impulsar. "A principios de abril, como parte de su veto al presupuesto estatal, el gobernador cortó 500.000 dólares que habían sido destinados para un nuevo museo en honor a la invasión de Bahía de Cochinos". En 1961 exiliados cubanos desembarcaron en la costa sur de Cuba, con el apoyo de la administración de John F. Kennedy.